El pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer por mayoría una enmienda contraria a que se pueda cortar a un ciudadano el acceso a internet sin una decisión judicial, tal y como se planteaba en una nueva regulación del sector de inspiración francesa que permitiría cortar el acceso a la red por decisión de una autoridad administrativa.
La decisión de los eurodiputados, tomada por 407 votos a favor, 57 en contra y 171 abstenciones, estipula que «los derechos fundametnales de los internautas no pueden ser restringidos sin una decisión judical previa». La enmienda fue presentada y apoyada por los eurodiputados socialistas y el grupo de los verdes, mientras que los populares se dividieron a la hora de votar.
La idea del texto que finalmente se paró era seguir en parte el modelo francés, que faculta a una autoridad administrativa a cortar el acceso a internet a los «piratas» reincidentes en materia de descargas ilegales, con la cooperación imprescindible de los operadoras de telecomunicaciones, que son las que tendrían que identificar a los presuntos «piratas».
El hecho de que prosperase la mencionada enmienda supone que el ambicioso paquete legislativo de reforma del sector de las telecomunicaciones en Europa tendrá que ser de nuevo negociado por el Consejo y el Parlamento, lo que puede retrasar hasta ocho meses la aprobación final de la reforma del sector.
La idea que subyace en la enmienda que se aprobó ayer es que cualquier medida que puedan tomar los Estados y que tenga incidencia en el acceso de los ciudadanos a internet debe respetar sus libertades y derechos fundamentales, y en particular su derecho a la confidencialidad, a la libertad de expresión, el acceso a la información así como al derecho a un juicio ante un tribunal independiente.
La nueva legislación, que finalmente no salió adelante pero que será retomada en unos meses, prevé que sean las legislaciones nacionales las que operen a la hora de restringir el acceso a determinados servicios de telecomunicaciones, como el caso de la pornografía infantil. La novedad es que los operadores tendrán la obligación de informar a los usuarios sobre estas restricciones y de respetar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, especialmente en lo que se refiere a la intimidad.
El texto refuerza también la seguridad y la integridad de la red, reforzando la protección de los datos personales de los usuarios así como la prevención y el control del «spam» y los «ciberataques».
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