Las descargas se regularán por decreto
El Gobierno tendrá que legislar sobre el control de Internet si persiste el bloqueo de la negociación entre el sector cultural y las compañías telefónicas
RAMÓN MUÑOZ - Madrid - 04/05/2009
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El Gobierno tendrá que mojarse si quiere controlar las descargas de archivos por Internet. Los operadores de telecomunicaciones, agrupados en Redtel, han emplazado al Ejecutivo a que sea él quien proponga una regulación de las descargas tras el bloqueo de las negociaciones que mantenían con la industria audiovisual, representada por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenido, para una autorregulación de la materia.
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El consenso entre ambas partes ha sido imposible. Los operadores de telecomunicaciones (Telefónica, Vodafone, Orange y Ono) rechazan dos de las demandas de la Coalición: no quieren ni oír hablar de la desconexión para ninguno de sus abonados, incluyendo los que realizan descargas de forma intensiva, informan fuentes de las compañías.
Redtel ha hecho llegar un documento al Gobierno en el que expone sus divergencias con la Coalición y exponen sus peticiones. En ese informe, los operadores piden al Gobierno que la nueva regulación debe respetar "escrupulosamente" los datos personales de usuarios y consumidores, eliminar cualquier propuesta de suspensión de la conexión a Internet, ponderar las posibles sanciones económicas e implicar a las asociaciones de consumidores y usuarios en toda propuesta de normativa.
Sin embargo, la demanda más firme de las compañías telefónicas es que, sea cuál sea la regulación que se saque adelante, se les garantice seguridad jurídica, de forma, que ni los clientes que reciban los avisos (o en su caso, la desconexión) o los dueños de las páginas web que sean bloqueadas puedan ejercer reclamaciones jurídicas o administrativas contra las operadoras.
Por eso, quieren dejar en manos de la llamada Comisión de Desarrollo y Control de Contenidos Digitales -órgano independientevinculado orgánicamente al Ministerio de Industria- toda la supervisión del proceso, no sólo la tramitación de las denuncias, sino incluso el envío de las cartas de aviso. Los operadores sólo se comprometen a realizar campañas masivas contra la piratería mediante el envío de formularios con campañas educativas.
El bloqueo de las negociaciones se produce en un momento en que ambas partes habían acercado posiciones en algunos puntos. El mayor acuerdo se había producido en la propuesta de la Coalición -integrada por las patronales del cine, la música, el software y las sociedades de gestión de derechos como SGAE- de centrar la persecución no en los usuarios comunes, sino en los que ellos llaman "concentradores", responsables de las páginas web que alojan o enlazan los archivos protegidos por derechos de propiedad intelectual, que permiten las descargas mediante programas p2p (eMule, BitTorrent, Aries...). Según sus estimaciones, alrededor de 70 website son responsables de un total del 80% del tráfico de los archivos protegidos (películas, videojuegos y música).
Para estos concentradores, la Coalición preveía un primer y único aviso para que cesen en su actividad "ilícita" tras el cual, se procedería a la interrupción definitiva del alojamiento de las web albergadas en servidores españoles, o al bloqueo de las páginas radicadas en el extranjero.
El disenso ha llegado por la segunda parte de la propuesta de la Coalición, referente a la persecución de los usuarios comunes. Para ellos, se establece el sistema de tres avisos y, posterior desconexión, el modelo implantado en Francia. Aunque la industria cultural ha rebajado sus pretensiones y se ha comprometido a que sólo se emitirían 60.000 notificaciones al año -el número estimado de usuarios que realizan descargas masivas- ofreciendo además que las desconexiones sean sólo aplicadas en los casos más graves y de forma temporal, los operadores consideran que la medida es desproporcionada.
La pelota está ahora en el tejado del Gobierno, que dispone ya de las propuestas de ambas partes. Las descargas de archivos, incluyendo los sujetos a derechos de autor, son legales en España siempre que no haya ánimo de lucro. Para que dejen de serlo, habrá que realizar un cambio legislativo. Fuentes de la negociación barajan que bastaría una modificación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI) y de la ley de procedimiento administrativo, con el fin de habilitar a la Comisión de Control y el sistema de avisos, puesto que actualmente sólo tienen potestad los jueces para el control y cierre de web.
Precisamente mañana el Parlamento Europeo votará la propuesta de la nueva legislación comunitaria que deja en manos de los Estados el control de Internet. Las presiones de Francia, que tramita la llamada ley Sarkozy (tres avisos y desconexión), han forzado a retirar del texto final la referencia a que sólo se podrá cortar el acceso a Internet si hay una decisión judicial previa.El Parlamento Europeo vota mañana la nueva normativa de la UE
La SGAE saca tajada de la Red
El presidente del consejo de dirección de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Eduardo Bautista, planteó la pasada semana la posibilidad de que las compañías telefónicas cobraran a sus usuarios una tarifa inteligente para compensar los derechos de autor de las descargas. La iniciativa, que no está incluida en el documento que la Coalición ha hecho llegar al Ministerio de Cultura, levantó una gran polémica.
Sin embargo, no le va mal a la SGAE con las descargas. En 2008, los ingresos del organismo por descargas "legales" de Internet crecieron un 40,9% hasta llega a 1,385 millones. Más que la cantidad recaudada, es relevante el hecho de que fue el capítulo que mejor comportamiento tuvo del balance de la SGAE, en un contexto en el que los ingresos generales de la organización cayeron un 11,5%. Éstos serían mucho mayores si las discográficas y las distribuidoras dispusieran de tiendas virtuales en Internet. Esa es precisamente una de las propuestas pactadas entre la Coalición y los operadores, la creación y explotación conjunta de plataformas de contenidos on line.
Creen que así los internautas optarían por pagar por gran parte de los 2.000 millones de canciones y 350 millones de películas que descargaron gratis en España en 2008.
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Tema de actualidad total: las descargas y los derechos.
1. En España y según la Ley de la Propiedad Intelectual, modificada hace no mucho, la copia privada y por tanto, la descarga privada (y sin ánimo de lucro) son legales, ya que además de serlo desde antes de la modificación, en dicha acción, se incluyó el famoso canon digital, para compensar "las pérdidas de derechos de autor por la copia privada"
2. Las Operadoras se están quitando el muerto de encima, porque saben lo que les viene si se rinden a facilitar la desconexión de sus usuarios. Si yo fuese la propietaria de Yacom, no estaría dispuesta a perder dinero en post de los derechos de autor que ni me van, ni me vienen. Sin embargo, no defienden todo lo que deberían nuestro derecho a la privacidad, ya que a la negativa de desconexión, debería sumarse, no realizar dicha desconexión sin una orden judicial, es decir, sin que un juez lo dicte, como pretende la Ley Sarkozy. Esto supondría la creaciación de empresas privadas, legitimadas por el Estado, para acceder a tus datos, facilitados por las operadoras, sin que exista denuncia de por medio, eso sí, te permitiría reclamar judicialmente si no estás de acuerdo.
3. Señores de la SGAE y demás Entidades de Gestión de Derechos de Autor, porque no realizan acuerdos con los "concentradores" en vez de perseguirlos, son los canales por los que esas creaciones, que ya no están en los cines, que no han sido editadas en DVD, etc llegan al público. Porque ver internet como un freno, cuando en realidad es el mejor canal de comunicación que se ha inventado nunca. Sorprende, que justo la zona "creativa y artística" de la sociedad no pueda ver las ventajas de llegar al ordenador de cada internauta con un clic.
4. Señores de las industrias culturales, deberían comenzar a generar modelos de negocio alternativos y potentes para convencer al consumidor de que pague por sus servicios. Ya veran como les sorprenden los resultados, si en vez de perseguir a la gente que más descarga (comprobado que también es la que más se gasta en cultura) y ofrecerle servicios de calidad a través de las nuevas tecnologías, se dedicaran a generar portales con valores añadidos o generar acuerdos con portales como filmaffinity, que les permitiría llegar a todos los consumidores de cine del planteta. iTunes lo ha hecho, Lastfm lo ha hecho, Spotify lo ha hecho,...
5. Usuarios de internet, piratas culturales, seres humanos que comparten sus archivos, ciudadanos que pagan su canon digital no permitáis que os cedan derechos. No permitáis que os dejen el ordenador abierto a la intervención de empresas privadas "asociadas al Estado" para perseguir la piratería en Internet y sin que medie un juez, saltándose el derecho a un juicio justo, el derecho a la privacidad y el de copia privada. Acudid a la Asociación de internautas, asociación de usuarios de internet, asociaciones de consumidores. Por desgracia, esos son los partidos políticos que pueden hacer algo por nosotros. Ya no vivimos en Democracia, vivimos en Capitalismo. Ya no somos ciudadanos, solo somos consumidores. Por algún sitio tendremos que apretar.
6. Señores del gobierno, acaso es legal que una empresa privada (con ánimo de lucro) pueda acceder libremente a mis datos de carácter personal, asociados a mi conexión a internet, sin que un juez medie en ello? Como es posible, que no vean lo inconstitucional que sería esta medida, puesto que ¿quién me asegura que esas empresas no vendan mis datos a otras, si están legitimadas por el gobierno para acceder a los datos que he facilitado a mi proveedor de internet? Me parece una auténtica locura y una falta total de moralidad dejarnos en manos de empresas privadas que puedan hacer eso y lo que les venga en gana, revocando mi derecho a la privacidad y la Ley de Propiedad de Datos de Carácter Personal.
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